Contratos de Prestación de Servicios y sus riesgos

Contratos de Prestación de Servicios y sus riesgos

Julio 08 2016

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ANTE LOS TRIBUNALES, ANTE IPS Y SUS RIESGOS

 

Nuestros Tribunales del Trabajo, que últimamente son más tribunales de equidad que de derecho, para analizar estos contratos aplican  el criterio de análisis basado en la tesis de la “primacía de la realidad” por sobre lo que las partes acordaron, sosteniendo que los contratos de prestación de servicios son genuinamente contratos de trabajo que simulando una relación civil encubren la verdadera relación de dependencia laboral, en fraude a la ley, y concluyen fácilmente que existe dependencia laboral, aun cuando el “profesional” contratado expida facturas con I.V.A.-

 Como normalmente se exige exclusividad,  la numeración de las facturas fiscales es correlativa para con la misma empresa. Aun cuando la exclusividad no es una nota de los contratos laborales, el Código del Trabajo establece la posibilidad que el trabajador “pueda celebrar contrato con dos o más empleadores salvo que haya pactado la exclusividad de servicios con uno solo”.

 El Código Civil es muy amplio en ese sentido, y en los contratos profesionales de alta gerencia además de exclusividad se pactan cláusulas de confidencialidad muy especiales. Por otra parte, el Código Civil admite contratos de plazo determinado (generalmente un año), mientras que para el Código Laboral (art. 50) los mismos tienen carácter de excepción.-

 Es cierto que muchos de los contratos de prestación de servicios encubren una relación laboral porque en “la realidad” se tienen todas las características propias de la relación dependiente, como ser: horarios fijos, dependencia administrativa, técnica y jerárquica, régimen disciplinario, etc. En algunos casos hasta se expiden certificados de trabajo, se amonesta, se paga aguinaldo y se conceden vacaciones similares a las establecidas en la Ley de Trabajo; se obliga a marcar tarjetas y otras peculiaridades de los empleados dependientes.

 Por otra parte, por falta de orden algunas Empresas no hacen suscribir contratos de prestación de servicios, ante lo cual los Tribunales del Trabajo, amparados por el Art. 706 del Código Civil que exige que los contratos “que tengan por objeto una cantidad de más de diez jornales mínimos... deben hacerse por escrito y no pueden ser probados por testigos”, han declarado que la relación, ante la falta de contrato escrito, es una relación de dependiente regida por el Código del Trabajo. Es decir: si se tiene contrato, concluyen que el mismo es simulado; y si no se lo tiene, que debió habérselo tenido, con un resultado similar (lo cual es un pintoresco dilema).

 En caso de un litigio laboral, la carga de la prueba la tiene el Empleador, a tenor de lo dispuesto por el art. 19 del C.T., según el cual “se presume la existencia del contrato entre aquel que da trabajo o utiliza un servicio y quien lo presta”; por lo que normalmente resulta difícil destruir la invocación de los rasgos de dependencia laboral sustentados por el trabajador.-

  

CONSECUENCIAS ANTE  EL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

 Actualmente, la política de recaudación del Estado no escapa al IPS, que en sus intervenciones, al encontrar a “profesionales” que prestan servicios dentro de la Empresa, procede a incluirlos directamente y de oficio como empleados dependientes. Con ello, si en el sumario no se presentan los contratos y las facturas, se genera automáticamente la mora y normalmente dicho sumario concluye con onerosas multas al Empleador.

 PÉRDIDA DE CHANCE:

 Por otra parte, ya existe Jurisprudencia al respecto, juicio donde se reclaman importantes por “pérdida de chance” jubilatoria de personas que trabajaron por mucho tiempo en una Empresa, sin haber estado asegurados al IPS.

 Los casos se están haciendo cada vez más comunes y la situación se agrava cuando la persona afectada sufre de alguna enfermedad cuyo tratamiento se torna en exceso oneroso por no gozar de los beneficios del IPS (piénsese en los enfermos que precisan de diálisis o tratamientos oncológicos).

 

EL FORMULARIO 101 DE LA SECRETARIA ESTADO DE TRIBUTACION (BALANCE):

 Las ultimas inspecciones del IPS nacen del examen del Formulario 101 de la SET, que en la lista de datos que requiere al contribuyente están los de: Sueldos y Salarios sujetos al régimen de Seguro Social (29), Cargas Sociales-Aporte Patronal (30), Remuneración Personal Superior (excluidos los que aportan al Régimen de Seguro Social (31), Remuneraciones Porcentuales Pagadas –comisiones- (32), Honorarios Profesionales y otras remuneraciones en concepto de servicios personales (33) y al final de los datos requeridos pide Total del personal ocupado en relación de dependencia y aportes al seguro social (121).

 En base a estos datos realizan la denominada Inspección de Gabinete, y encontrando sumas pagadas como comisiones y por el tipo de empresas cuyo giro es de aquellos que normalmente cuentan con vendedores o cobradores, envían los inspectores. Con sagacidad ingresan, hacen relevamientos de nombres, etc., y luego convocan a la Empresa a presentar contratos. Aun sin competencia legal para definir si un contrato es civil o laboral, simplemente lo consideran laboral e incluyen de oficio a los prestadores de servicios  con la antigüedad que éstos alegan y con la multa correspondiente en una planilla complementaria.

 

RIESGOS

 Quienes prestan estos servicios mediante contratos civiles, aun cuando suscribamos contratos puntillosos y encontremos ante la Ley Fiscal caminos que nos permitan lícitamente contabilizar sus comisiones, viáticos o gastos, queda un rubro importante que debemos analizar: el riesgo de accidentes, de asaltos u otras circunstancias.

 Como estas personas en la mayoría de los casos son “de calle”, están expuestos a riesgos de todo orden. Es de público conocimiento que luego del gran siniestro acaecido en un centro comercial (YKUA BOLAÑOS), se ha abierto una vía de  reclamos en este sentido, debido a la concienciación de los derechos de las personas ante circunstancias semejantes.

 Existen casos de empleados, que aun estando en IPS, han demandado sumas millonarias (conocemos juicios de más de U$. 500.000 por pérdida de un brazo, o de un dedo, otro por suma similar por perdida de una ojo, con sentencias favorables al trabajador). Pero estos casos son la excepción y ocurren cuando la Empresa no da una asistencia complementaria al IPS en forma inmediata.

 Por otra parte, se ha abierto una vía cada vez más usual: la de los reclamos por daño moral en sede laboral; con lo cual el monto del pasivo se vuelve totalmente impredecible.

 Normalmente, cuando el contratado está asegurado en el IPS, éste asume los gastos de todos los tratamientos médicos y disminuye enormemente la responsabilidad del empleador. Aun cuando la Empresa asuma esos riesgos, tenga seguro y se tenga un sentido ético del deber del buen empresario, los malos momentos y los costos adicionales, son a veces razones que impulsan a reorganizar la empresa.

 

       IRUN & VILLAMAYOR

Asesores Laborales de Empresas

 

 

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